Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026. – En un esfuerzo por cerrar las brechas legales que actualmente permiten que la producción de drogas sintéticas genere daños ambientales irreversibles sin una sanción penal específica, la diputada Sandra María Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentará una Propuesta de Acuerdo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa que buscará tipificar y agravar el delito por narcolaboratorios y la contaminación asociada a estos.
La propuesta contemplará la adición del artículo 194 Bis al Código Penal Federal y la reforma del artículo 464 de la Ley General de Salud. Su objetivo central será sancionar de manera expresa el vertimiento, infiltración o depósito de precursores químicos y residuos tóxicos generados en estos centros clandestinos, así como incrementar las penas para quienes operen estos laboratorios.
“La lucha contra el narcotráfico no puede limitarse al aseguramiento de drogas. Debemos atender los graves pasivos ambientales que esta actividad ilícita genera. Por cada kilogramo de metanfetamina se producen hasta 6 kilogramos de desechos tóxicos como ácido clorhídrico, acetona y fósforo rojo, que son vertidos sin control en suelos y mantos freáticos, afectando directamente el derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud de nuestras comunidades”, señalará la diputada Arreola Ruiz.
La iniciativa destacará que, entre diciembre de 2018 y febrero de 2023, las autoridades federales desmantelaron mil 308 narcolaboratorios, concentrándose el 98% en cinco entidades, entre ellas Michoacán. Asimismo, se advertirá que, solo en el primer semestre de 2025, se incautaron 96 laboratorios a nivel nacional, lo que evidencia una tendencia persistente y en expansión territorial de la producción de drogas sintéticas.
En Michoacán, el fenómeno ha tenido un impacto creciente. La diputada recordará que durante 2025 y lo que va de 2026 se han asegurado múltiples laboratorios en municipios como Madero, Morelia y Pátzcuaro, donde se han decomisado toneladas de metanfetamina y miles de litros de químicos peligrosos, cuyos efectos en el suelo y el agua representan un riesgo latente para las comunidades rurales.
“Actualmente, el Código Penal Federal sanciona la fabricación de drogas, pero no tipifica de manera expresa el daño ambiental derivado de esta actividad clandestina. Esta ausencia normativa provoca que conductas altamente lesivas queden insuficientemente sancionadas. Con esta iniciativa, buscaremos visibilizar el impacto ambiental del narcotráfico sintético y garantizar que quien contamine con motivo de la producción de drogas enfrente consecuencias penales proporcionales”, explicará la legisladora.
El proyecto de decreto propondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa para quien instale u opere estos laboratorios, misma que se incrementará hasta en una mitad si como consecuencia se contaminan suelos, cuerpos de agua o alcantarillado con precursores o residuos tóxicos. Asimismo, se fortalecerán las sanciones para quien posea o transporte químicos esenciales destinados a estos fines.
Fiel a su vocación ambiental y de protección a la salud pública, la diputada Sandra Arreola Ruiz hará un llamado a sus homólogos en el Congreso de la Unión para dar celeridad a esta iniciativa, subrayando que la prevención de daños irreversibles al medio ambiente y la protección de las comunidades expuestas serán prioridades que no podrán esperar.
