Morelia Michoacán a 7 de octubre de 2025.- Con el objetivo de garantizar procesos transparentes y fortalecer la credibilidad institucional, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una reserva al artículo 20, en su cuarto párrafo, de la iniciativa con proyecto de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
La propuesta, realizada es que la aplicación de los exámenes de control de confianza sea aplicada conforme a la normativa vigente de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, la cual fue aprobada por el Pleno de la LXXVI Legislatura Local, por una procuración de justicia más imparcial y confiable.
La legisladora destacó que los controles de confianza son una piedra angular en la procuración de justicia, ya que de estos depende el ejercicio de funciones con apego a derecho y conforme a la ley. Subrayó que no debe escatimarse en costos, rigurosidad ni periodicidad de dichos controles, pues la sociedad demanda instituciones libres de corrupción y con plena credibilidad.
Grecia Aguilar recordó que actualmente el Centro de Evaluación y Control de Confianza, órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República, es el encargado de aplicar los exámenes correspondientes bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y lealtad.
En su intervención, la diputada señaló que estos exámenes deben mantenerse sin la intervención del titular de la Fiscalía del Estado, ya que ello restaría credibilidad al proceso y abriría la puerta a posibles conflictos de interés.
“No se puede ser juez y parte en un proceso de designación y transparencia. Y con esta propuesta se busca garantizar que los controles de confianza sean aplicados con total imparcialidad”, afirmó.
La reserva aprobada establece que “los exámenes de control de confianza se realizarán conforme lo disponga la normativa aplicable.”
Con ello se fortalece la certeza en los resultados, se promueve la igualdad de oportunidades para los aspirantes y se asegura que quienes no acrediten los exámenes no ingresen a la institución, contribuyendo así al fortalecimiento de la procuración de justicia en Michoacán.
