Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- La diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que el delito de abuso sexual se persiga de oficio, se fortalezca su tipificación y se garantice de manera expresa la reparación integral del daño a las víctimas.
Expuso que en Michoacán cada 14 horas se abre una carpeta de investigación por abuso sexual, cada semana se registran en promedio 12 casos y al año se acumulan más de 600 denuncias por este delito que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
“La violencia sexual no puede seguir dependiendo del valor individual de una víctima para denunciar. Es el Estado quien debe actuar con firmeza. La impunidad no puede ser la regla”, declaró.
La legisladora explicó que, antes de 2020, el promedio anual de denuncias oscilaba entre 200 y 400 casos; sin embargo, después de la pandemia la cifra supera los 600 casos por año. Además, recordó que el abuso sexual presenta altos niveles de cifra negra: en Michoacán ronda el 90 por ciento, es decir, por cada delito denunciado existen al menos nueve que no llegan a las autoridades.
“El miedo, la desconfianza institucional y la revictimización silencian a las víctimas. Por eso proponemos que el abuso sexual se persiga de oficio: para romper el círculo de impunidad.”
Fabiola Alanís subrayó que, de acuerdo con mediciones del INEGI, la violencia sexual es el único tipo de violencia contra las mujeres que creció entre 2016 y 2021 en el estado. Hace una década, 36 de cada 100 mujeres habían sufrido al menos un evento de violencia sexual; para 2021, la cifra aumentó a 40 de cada 100.
“Estamos frente a una crisis estructural. No es un problema aislado ni individual: es una violación grave a la dignidad, a la integridad y a la libertad de las mujeres.”
La diputada recordó que en 2024 esta Legislatura avanzó al reconocer el abuso sexual contra personas menores de edad como delito autónomo y al endurecer las penas; sin embargo, señaló que aún es necesario armonizar el marco legal con los estándares constitucionales y la normatividad internacional de máxima protección de derechos humanos.
La iniciativa plantea que el delito de abuso sexual se persiga de oficio; el reconocimiento expreso de la reparación integral del daño y garantías de no repetición; una tipificación amplia de los actos de naturaleza sexual; y la incorporación explícita del reconocimiento de la negativa de consentimiento, para evitar ambigüedades que favorezcan a agresores.
“No podemos permitir vacíos legales que protejan a quienes violentan. La ley debe estar del lado de las víctimas, no de los agresores.”
Fabiola Alanís enfatizó que la erradicación de la violencia sexual es condición indispensable para la participación plena y en igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
“Sin seguridad y sin justicia no hay igualdad sustantiva. Y sin igualdad no hay democracia plena.”
Finalmente, reiteró que esta reforma responde a una exigencia histórica del movimiento feminista y a la obligación reforzada del Estado de garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencias.
