Impreso/redacción

MORELIA, Mich., 12 de octubre de 2019.- Con apoyo de organizaciones sociales y articulación de esfuerzos interinstitucionales, en lo que va del año se han localizado 713 personas reportadas como desaparecidas en la entidad y ya se trabaja en la implementación de trabajos en las Regiones, para avanzar en tareas de búsqueda, ello en congruencia con la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, que realiza el Gobierno Federal, aseguró el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís.

Durante la sesión de trabajo del grupo Coordinación Michoacán, encabezada por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, López Solís puntualizó la trascendencia que ha tenido la vinculación con las organizaciones sociales para fortalecer las acciones de búsqueda, ya que, de las 805 personas que se han localizado, en 713 se presentó denuncia y en los 92 casos restantes, fue a través de atención inmediata. De las personas localizadas 386 corresponden a mujeres, y el resto a hombres.

El Fiscal General, resaltó que, en el marco de autonomía institucional, se han atendido acciones de coordinación y colaboración con autoridades estatales para la localización de personas, tanto en la entidad, como a las que se encuentran fuera del territorio michoacano e incluso, del País; pero, además, en Michoacán también se han localizado a personas que se reportan en otras entidades.

López Solís, puntualizó que la atención inmediata ha sido determinante para la activación oportuna de mecanismos de búsqueda como Alerta Alba y Alerta Amber, acción en la que medios de comunicación han asumido una participación importante con la socialización de cédulas que se emiten.

En la reunión de trabajo, el Fiscal General destacó que se han sostenido reuniones de trabajo con asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas, con las que se ha trazado una ruta de trabajo para fortalecer las acciones y generar certeza de la labor institucional que se lleva a cabo para garantizar acceso a la justicia.

Durante la sesión, se presentaron avances con relación al cumplimiento de órdenes de aprehensión, así como el avance en la resolución de casos tanto por la vía de judicialización o la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias.