MORELIA, Mich., a 23 de junio de 2023.- Es necesario fortalecer la política migratoria para que, de manera efectiva, los órganos del estado atiendan y protejan a los connacionales y sus familias en situación de retorno al Estado.
Así quedó de manifiesto en el Pleno de la 75 Legislatura, tras aprobar el dictamen con proyecto de acuerdo en relación al Plan de Desarrollo Integral 2021-2027, presentado por el titular del Ejecutivo del Estado, en materia de migración.
El proyecto de acuerdo, presentado por las y los diputados integrantes de la Comisión de Migración, refiere que, con el propósito de contribuir a mejorar los derechos humanos de las personas migrantes, se analizó el Plan de Desarrollo Integral presentado por el Ejecutivo Estatal, en el que se establecen objetivos sectoriales, estrategias y líneas de acción, con metas e indicadores para evaluar su desempeño y cumplimiento.
Asimismo, analizó los apartados en los que se describen los criterios de transversalidad, que incidirán en todas las políticas públicas de la administración, teniendo como ejes transversales la inclusión e igualdad sustantiva y gobierno digital, honesto, eficaz y transparente, a favor de los grupos vulnerables.
En ese sentido, una vez concluido el análisis del contenido de sus ejes fundamentales, la comisión dictaminadora determinó que, para lograr una protección genuina de los derechos humanos de las comunidades migrantes, se requiere la suma de esfuerzos y acciones desde todas y cada una de las dependencias públicas, en el ámbito de sus atribuciones.
De esta forma, se podrá incidir y erradicar cualquier acto que atente o vulnere los derechos de las y los migrantes.
Por lo tanto, es necesario que, en lo referente a la atención de los migrantes y sus familias, se integren metas, plazos de ejecución, responsabilidades y bases de coordinación de las acciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado.
De igual forma, refiere, la necesidad de que las acciones dirigidas a la atención de los migrantes y sus familias en el ámbito educativo, salud, seguridad, laboral y económico, sean concretas y cuantificables.
