MORELIA, Mich., junio de 3 de 2022.- Luego de que en el Congresos del Estado se diera a conocer la intención de reformar la Ley de Comunicaciones y Transportes de Michoacán, el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua llamó a los integrantes de la LXXV Legislatura a ser analíticos y estudiar el caso antes de levantar la mano.
El también Vicepresidente del Movimiento Nacional Taxista (MNT), precisó al respecto que pretender legalizar el servicio de transporte que ofrecen las plataformas transnacionales es una aberración así como poner como pretexto un estudio de expertos de los que ya se han realizado en varias ocasiones y que muestran la realidad del sector que registra saturación.
El exdiputado local recordó que la iniciativa es alentada por el morenista, Juan Carlos Barragán, quien solo busca clientela política y eso no es legislar, solo oportunismo.
«Que le amarren las manos porque anda desatado preparando el colchón para 2024”, señaló Martínez Pasalagua al considerar que las plataformas transnacionales como Uber, Didi e Indriver entre otras, saquean los recursos de los países donde operan y construyen esclavitud moderna”.
El legislador abundó, deja de manifiesto su interés por hacer en Michoacán una copia de otros países con la “uberización de la economía” y la implementación desde el congreso local de un modelo de mercado extractivo que se basa en el trabajo precario, sin derechos y sobre todo desregularizado.
La finalidad real, agregó, es es que pocas empresas monopolicen diversos sectores de mercado con estrategias de competencia desleal tumbando precios para destruir la competencia y elevarlos después y de esta manera, extraer riqueza de los países donde operan y lo consiguen, con financiamiento de grandes multinacionales, estrategias de evasión fiscal y aliados desde el poder legislativo como es el caso de las verdaderas intenciones del diputado Barragán que no garantiza derechos laborales, solo abonar a capital político.
Consideró el dirigente que hay que apostarle a medidas que eviten la cooptación del servicio público de transporte por empresas extractivas que como ya es una realidad, no se detendrán y si hoy es el sector transportistas, mañana serán otros sectores los afectados.