Impreso/redacción

MORELIA, Mich. 11 de julio de 2018. 1a Parte.-Al menos cuatro alcaldes de diversos partidos políticos podrían encarar un juicio político y, sucesivamente, enfrentar la separación al cargo por el inclumplimento de sentencias que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa.

Amparados por sus partidos en el Congreso del Estado, los alcaldes de Numarán, Maravatío, Zinapécuaro y Angamacutiro, se han pasado por el arco del triunfo los ordenamientos del TJA que los emplazó a saldar adeudos con particulares que les prestaron servicios.
Pero los alcaldes no incurrirían en el incumplimiento, si no es por el proteccionismo brindado por la 73 legislatura, que avala la impunidad de los alcaldes deudores.

En una actitud de desacato, el legislativo esgrime que el Tribunal de Justicia Administrativa no ratificó las sentencias contra los ayuntamientos.

Peor aún, hay legisladores que ni por enterados se dan de los ordenamientos administrativos

De acuerdo al reporte del pasado 21 de junio que emitió la Dirección General de Servicios y de Asistencia Técnica y Jurídica de la 73 Legislatura, los ayuntamientos mencionados se encuentran demandados por constructoras y particulares.

Solamente uno de seis expedientes turnados por el TJA, fue respondido conforme a la ley y se logró el finiquito del adeudo.

Se trata del asunto del oficio TJA/SGA/6784/17, donde el alcalde priísta de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, fue el único que dio cumplimiento a la sentencia.

Sin embargo, en el caso de Numarán, que tiene abiertos el expediente JA-1460/2014-II, promovido por la empresa Materiales para la Construcción La Mexicana S.A de C.V, no se tiene conocimiento de la respuesta, pese a que la demanda es desde el 2014.

El caso más emblemático, es el de Numarán, cuyo ayuntamiento tiene abierto el expedientes JA-1495/2013-III, ya tiene tres apercibimientos para que cumpla con la sentencia en un plazo no mayor a 24 horas, según se desprende de los oficios 1193/2018-SGGA y 2622/2018-SGA.

A la lista de suma el de Maravatío, con el expediente JA-0460/2015-II, promovido por Antonio Correa Cruz y el JA-0321/2014-11, dirigido contra el ayuntamiento de Zinapécuaro por parte de la empresa Amareti Construcciones.

En todos ellos, el acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa es que se de vista al Congreso para que dé inicio a los procedimientos constitucionales de separación del cargo de Xavier Granados, alcalde de Angamacutiro; de Daniel Zárate Estrada, alcalde de Numarán; de José Luis Abad Bautista, alcalde de Maravatío, y de su síndico, Lenin Alexánder Álvarez García; y de Refugio Silva Durán, alcaldesa de Zinapécuaro, quien intentó la reelección, pero quedó derrotada en su aventura.

Solamente en este último caso, se habla de adeudos que superan los 10 millones de pesos, donde por casi tres años de gestión gubernamental, el ayuntamiento de “Chiquis” Silva fue omiso y se negó a pagar los pasivos.

De acuerdo a lo esgrimido por el Congreso del Estado, el Tribunal de Justicia no satisfizo los requisitos legales para seguir el procedimiento de juicio político y, en automático, ir por la destitución de los alcaldes en conflicto.

Sin embargo, es la propia Secretaría de Asuntos Parlamentarios la que dio entrada a las sentencias fincadas por el Tribunal de Justicia, donde en sus archivos duerme el sueño de los justos.