Impreso/redacción

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril de 2020.- Por mayoría, el Senado aprobó la Ley de Amnistía presentada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, en reconocimiento a que el Estado no ha garantizado en ciertos casos el derecho al debido proceso y al peligro que representa la sobrepoblación de los penales ante la pandemia del Covid-19.

La aprobación se dio tanto en lo general como en lo particular.

Así lo manifestó el senador michoacano Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, quien precisó que previamente a la discusión y aprobación de la Ley de Amnistía en el pleno de la Cámara Alta, ambas Comisiones aprobaron por mayoría el dictamen correspondiente.

Arias Solís acentuó que la discusión y aprobación de dicha iniciativa, presentada desde diciembre por la Presidencia de la República, era un asunto de necesaria y urgente resolución por razones humanitarias, debido a la contingencia sanitaria por coronavirus y al llamado de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de aliviar la sobrepoblación de los centros penitenciaros, particularmente personas vulnerables al Covid-19.

El legislador sostuvo que la Ley de Amnistía no otorgará ningún beneficio a delincuentes reincidentes, personas condenadas por asesinato o secuestro ni a quienes hayan usado armas de fuego en la comisión de un delito, y tampoco aplica para delitos de alto impacto o delincuentes de alta peligrosidad o narcotraficantes.

Aclaró que la Ley de Amnistía parte básicamente del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a quienes las cometieron no generaron un daño grave e irreparable a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni ponen en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.

De esta manera, agregó, se reconoce que en ciertos casos el Estado no ha garantizado plenamente el respeto al derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados, “dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que hay en nuestras cárceles personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”.

Finalmente dijo que “lo que se busca ahora más que nunca en estos momentos de emergencia sanitaria y, por razones humanitarias, es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por su situación de pobreza, tal es el caso de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron o no tienen una defensa adecuada, y de las personas adultas mayores, particularmente con enfermedades crónico degenerativos, así como las mujeres reclusas que son madres, todo ello pensando en proteger y salvaguardar sus derechos humanos, incluido el de la salud”.