Morelia, Michoacán, a 05 de marzo de 2026.– En respuesta a la creciente devastación de los recursos naturales en la entidad, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para tipificar el «ecocidio» como delito autónomo en el Código Penal del Estado de Michoacán, con penas de 10 a 20 años de prisión para quienes destruyan ecosistemas completos o provoquen daños irreparables al medio ambiente.
Durante su exposición ante el Pleno, la legisladora advirtió que Michoacán enfrenta una crisis ambiental por la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales provocados y la presión sobre los recursos hídricos.
«Cuando un ecosistema se pierde, se pierde también la captación de agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y las bases para el desarrollo digno de nuestras comunidades. Una hectárea devastada puede tardar hasta 20 años en recuperar sus funciones ecológicas y medio siglo en recuperar su biodiversidad original», explicó.
Arreola Ruiz señaló que, si bien el marco penal actual sanciona los delitos ambientales con penas de 5 a 12 años de prisión, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. «No es lo mismo un daño ambiental puntual que la devastación masiva y prolongada de un ecosistema completo. Tratar realidades tan distintas bajo el mismo rango de sanción genera una desproporción que debilita la eficacia del derecho penal ambiental», afirmó.
La iniciativa define como ecocidio las siguientes conductas que provoquen la destrucción o pérdida total de un ecosistema de al menos 10 hectáreas, que causen un daño irreparable en esa misma dimensión y aquellas que generen una afectación cuyos impactos se prolonguen por al menos 4 meses.
Para estos casos se impondrán penas de 10 a 20 años de prisión y multas proporcionales al daño causado. La propuesta incluye además una agravante cuando el ecocidio ocurra en Áreas Naturales Protegidas o Zonas de Recarga Hídrica, por tratarse de «espacios estratégicos para la vida y la seguridad ambiental de nuestro estado».
La diputada ecologista enfatizó que esta propuesta no busca criminalizar el desarrollo ni obstaculizar las actividades productivas lícitas que caracterizan a Michoacán, sino establecer límites claros y dotar a las autoridades de mejores herramientas para castigar a quienes cometen este delito grave.
«Tipificar el ecocidio es un acto de justicia ambiental, pero también es un acto de amor por nuestra tierra. Hoy tenemos una responsabilidad con todos los michoacanos y con las futuras generaciones. Pongámonos a la altura del futuro que Michoacán merece», concluyó.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
