Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a alcaldesas y ediles de Michoacán a colaborar con las autoridades federales, estatales y de justicia, para impedir la instalación de máquinas tragamonedas en diversos establecimientos comerciales de sus municipios, a fin de combatir de manera directa al crimen y delitos como la extorsión.
Durante la destrucción de 803 máquinas tragamonedas, decomisadas en operativos conjuntos, las cuales generaban de manera ilícita ingresos mensuales por 9.8 millones de pesos, el mandatario señaló que los dueños de los negocios son obligados a mantenerlas instaladas y a cubrir los gastos que generen, por lo que también pidió a las corporaciones policiales de los municipios a participar con los decomisos.
“A simple vista pareciera que son máquinas de diversión, pero atrás de ellas hay varias leyes que se están violando, por eso es importante que se aplique el Estado de derecho y que las leyes se cumplan. Cada peso que se tragan estas máquinas, es un peso que llega a la delincuencia organizada; por eso, esto es un paso fundamental porque le estamos arrebatando una fuente de financiamiento diaria a la delincuencia”, expuso.
Ramírez Bedolla informó que en los últimos tres años se han decomisado más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas en todo el estado, al realizarse operativos y cateos autorizados donde participan la Fiscalía General del Estado (FGE), la Subsecretaría de Investigación Especializada de Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Sin embargo, advirtió que aún hay más, en establecimientos comunes como farmacias o tiendas de abarrotes, los cuales se convierten en lugares para la comisión de otros delitos como homicidios dolosos o narcomenudeo. “Son un riesgo latente para nuestras comunidades”.
Por su parte, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, detalló que las 803 máquinas tragamonedas destruidas fueron decomisadas en acciones efectuadas en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Tacámbaro, como parte de una estrategia integral para cerrar espacios a economías ilegales que afectan la tranquilidad social.
Participaron el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina; el comandante de la XXI Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el jefe policial de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Aragón Vázquez; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hugo Gama Coria; el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Abraham Espinoza Villa; el delegado en Michoacán de la Fiscalía General de la República, Ramón Guillén Llarena; jefe de estación estatal del Centro Nacional de Inteligencia, Miguel Navarro Larios; el director del SAT Michoacán, Salvador Juárez Álvarez; entre otras autoridades federales y estatales.
