_ El ex servidor público de la LXXVI Legislatura acausado de supuesto uso ilícito de atribuciones y facultades
_ Por este mismo hecho, se encuentran vinculadas proceso María Isabel “N” y Beatriz Ariadna “N”
_ Los presuntos responsables realizaron y autorizaron la compra de un software por 5 millones 590 mil pesos, pero está valuado en 134 mil pesos
Morelia, Michoacán a 5 de mayo de 2025.- La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo vinculación a proceso en contra de Mario Alberto “N”, ex servidor público del Congreso del Estado de Michoacán, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades, cometidos en agravio del Poder Legislativo local.
De acuerdo con las investigaciones, el 30 de diciembre de 2021, María Isabel “N”, ex Apoderada jurídica del Congreso del Estado, de la LXXV Legislatura, adquirió de un proveedor un sistema de software por la cantidad 5 millones 590 mil pesos; compra que fue autorizada por la ex Directora General de Administración y Finanzas, Beatriz Ariadna “N”, por indicaciones del ex Secretario de Finanzas y Administración del Congreso, Mario Alberto “N”, sin contar con las atribuciones para ello.
Al tener conocimiento del caso, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) y una vez que se llevó a cabo el peritaje respectivo, se determinó que la herramieta adquirida tiene un valor de 134 mil pesos, precio inferior al que fue pagado, razón por la que fue presentada una denuncia.
Al recabarse los datos de prueba que relacionan a los investigados en los hechos denunciados, los tres ex funcionarios fueron presentados ante el Juez de Control mediante citación.
Primeramente, en audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a María Isabel “N” y a Beatriz Ariadna “N”, a quienes se les fijaron medidas cautelares y se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por su parte, la defensa de Mario Alberto “N” solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que, al llevarse a cabo la audiencia respectiva, un Juez de Control lo vinculó a proceso; le fijó medidas cautelares y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
