Se busca cerrar vacíos legales que permiten a padres autorizar intervenciones innecesarias en menores de edad
Morelia, Michoacán a 16 de octubre de 2025. – «El cuerpo de una niña o de un adolescente debe ser protegido y acompañado, no intervenido o modificado. Los adolescentes atraviesan una etapa de transformación constante; su cuerpo, piel, huesos y órganos aún están en desarrollo», afirmó la diputada Sandra Arreola Ruiz.
La representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, luego del fallecimiento de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que perdió la vida tras ser sometida a cirugías de aumento de mamas, liposucción y lipotransferencia.
Con voz emocionada, la legisladora recordó que el pasado 20 de septiembre «todo México se estremeció» con la noticia del fallecimiento de la joven, cuyo cuerpo «simplemente no resistió estas cirugías, las cuales fueron autorizadas por su madre».
Arreola Ruiz señaló que detrás de cada cirugía innecesaria en menores de edad hay «una herida profunda: la que causa una cultura que impone un modelo de belleza rígido, inalcanzable y cruel». A esta problemática la definió como «violencia estética», una forma de violencia de género que presiona a las jóvenes a modificar su cuerpo para encajar en ideales ajenos.
La iniciativa propone reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán para incorporar conceptos fundamentales como «consentimiento informado», «intervención electiva» y «usuario de servicios de salud», además de reconocer expresamente los derechos de los usuarios de servicios de salud, en concordancia con la legislación federal.
Prohibir las cirugías estéticas o electivas en menores de edad, excepto cuando exista un diagnóstico médico justificado que acredite afectaciones físicas o psicológicas, emitido por un médico distinto al que realizará la intervención, mediante el cierre de vacíos legales que cuestan vidas, es otro de los ejes de la propuesta.
La diputada explicó que actualmente la Ley de Salud estatal presenta un vacío legal importante al no regular con precisión el derecho al consentimiento informado y no reconocer expresamente los derechos de los pacientes.
